REGANTES ABORDAN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN CONSTITUCIONAL DE LAS AGUAS

comunic

 

Luego de que la Presidenta Michelle Bachelet anunciara un cambio de paradigma en materia de derechos fundamentales de aguas,  la Junta de Vigilancia del Río Ñuble inició un debate interno en relación a las consecuencias jurídicas de los cambios planteados por el Gobierno.

 

Con la asistencia de las principales organizaciones de regantes de las séptima y octava regiones, se inició una etapa de discusión interna respecto de los efectos jurídicos que podrían derivar de la modificación constitucional que impulsará el Gobierno, así como del Código de Aguas, en aspectos esenciales como el uso y derecho de propiedad del vital elemento.

 

La iniciativa, que tiene como antecedente el proyecto que enviara la Presidenta Bachelet al Congreso el 7 de enero de 2010,  establece la necesidad de dar un mayor realce a la dimensión social y ambiental de las aguas, lo que se traduciría en un cambio radical en el sistema jurídico que rige actualmente. Así lo expresó el relator de este encuentro de regantes, el abogado de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, Manuel Carrasco. “Las aguas son bienes nacionales de uso público, sin embargo para quienes son partidarios de estas reformas, esta condición jurídica de las aguas, se ha transformado en un eufemismo. Esto, porque en la práctica las aguas son totalmente privadas”.

 

A pesar de que no se indica expresamente la opción de la expropiación de los derechos de aguas, el abogado plantea que los cambios sí podrían producir “un debilitamiento de las facultades del titular del derecho. En efecto, se mantiene una propiedad, pero feble y abierta a nuevas modificaciones legales, como la caducidad del derecho”.

 

Manuel Carrasco expresó que los principales aspectos de la modificación a la carta fundamental propuesta por el Gobierno, serían el carácter constitucional, las mayores facultades para el Estado, la caducidad y pérdida de derechos, nuevos administradores de cuencas y cambios en aspectos que dicen relación con la geografía y la disponibilidad de recursos. “Acá estamos en presencia de dos cambios fundamentales para las organizaciones de regantes: caducidad de los derechos de agua si no se usan y un manejo integrado de cuencas, mediante la creación de corporaciones administradoras de cuencas, pudiendo afectar la administración que realizan los propios usuarios”, sentenció el abogado de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble.

 

Los regantes, por su parte, expresaron su preocupación por los anuncios del Gobierno, porque según lo que plantearon, debilitan un modelo con grandes fortalezas y reconocido por expertos de diversas corrientes. Martín Arrau, director de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, afirmó que “estamos enfrentados a una gran desinformación en la opinión pública, incluida la clase política. La ley actual entrega herramientas para administrar de buena forma el recurso y siempre es posible modernizar algunos aspectos. Pero acá se abre un debate muy amplio, desconociendo todo lo que se ha avanzado y los aspectos positivos del actual sistema, donde no sabemos realmente lo que va a pasar”.

 

Martín Arrau expresó su preocupación por un cambio de orden Constitucional, “porque eso permitirá realizar modificaciones legales en el corto plazo, en uno otro sentido dependiendo del Gobierno o mayoría simple de turno, lo que finalmente es una mala señal de estabilidad del sistema. De esta forma, se afectará la actividad agrícola y el rol social que cumple en el desarrollo integral de nuestro país”.

 

 

El representante de los regantes expresó que “el foco de la discusión debe estar en recursos para la DGA, hacer embalses, hacer más canales y sistemas tecnificados, apoyar a los pequeños agricultores, generar una política de Estado consensuada en materia hídrica, que nos permita satisfacer las necesidades de largo plazo que requiere el país y en especial la agricultura”.

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *